En la era digital en la que vivimos, los datos se han convertido en una parte fundamental de nuestras vidas. Desde las actividades cotidianas como hacer la compra hasta decisiones importantes en nuestra carrera profesional o en el ámbito médico, los datos influyen en nuestras elecciones y decisiones. Sin embargo, ¿hasta qué punto tenemos realmente el control sobre nuestros propios datos?
En la actualidad, para tener una vida social en el mundo digitalizado, nos vemos obligados a “consentir” a todos los dispositivos y sensores que capturan nuestros datos. Pero, ¿realmente tomamos decisiones informadas y conscientes al hacer clic en un ratón o tocar una pantalla? La realidad es que, sin la oportunidad de tomar decisiones significativas, no podemos hablar de un derecho real. Por lo tanto, la idea de que los datos son propiedad privada y están protegidos por la privacidad necesita ser reconsiderada.
Una vez que compartimos nuestros datos en plataformas digitales, estos dejan de ser propiedad exclusiva de los individuos o de las plataformas. En cambio, deberíamos considerar que los datos en circulación son un bien público y que los agregadores de datos deberían ser los custodios de este bien público. Los datos se han convertido en la base de nuestra sociedad, al igual que el aire que respiramos, el agua que bebemos y la electricidad de la que dependemos. Además, cada uno de nosotros es una fuente de datos y contribuimos constantemente a su flujo.
Por lo tanto, la protección de los datos bajo la ley privada debería cambiar hacia la propiedad, gestión y regulación de los datos bajo la ley pública, de manera que los datos sirvan al interés público. Esta llamada a repensar la privacidad y la propiedad de los datos también surge de la necesidad de fomentar la innovación y abordar el desafío de la desigualdad en la era digital.
Reconociendo el potencial de los datos abiertos para impulsar la innovación y el crecimiento económico, muchas organizaciones cívicas y funcionarios gubernamentales han abogado ampliamente por “datos para el bien público”. Algunas ciudades, como Chicago, Nueva York y Madison, se han comprometido a proporcionar datos gubernamentales abiertos. El acceso público a los datos gubernamentales puede desbloquear el potencial de los datos, como ya ha sucedido con los datos meteorológicos y con el sistema de navegación por satélite GPS de Estados Unidos. Los datos abiertos también han impulsado la innovación en el sector del transporte urbano, como ha demostrado la autoridad de transporte de Vancouver, Canadá.
En resumen, es necesario replantearse la propiedad de los datos y considerarlos como un bien público en lugar de privado. Esto no solo protegerá los intereses de la sociedad en general, sino que también fomentará la innovación y ayudará a abordar la desigualdad en la era digital. Los datos son una parte integral de nuestras vidas y es fundamental que se utilicen de manera responsable y en beneficio de todos.