En los últimos años, hemos sido testigos de cómo las redes sociales y las plataformas de internet pueden ser utilizadas para interferir en la política y llevar a cabo ciberataques encubiertos. Ante esta realidad, evitar el mal en Silicon Valley se ha vuelto más difícil de lo que parece. Las decisiones sobre qué contenido promover o suprimir algorítmicamente pueden implicar preguntas angustiantes sobre interpretación, intención y contexto cultural. Sin embargo, en medio de toda la ambigüedad moral y el terreno desconocido de dirigir una plataforma de internet que controla grandes porciones del discurso global y genera ingresos proporcionales, algunos dilemas son más claros que otros.

Es por eso que la noticia de los planes de Google de expandir sustancialmente su presencia en el mercado chino a través del lanzamiento de un motor de búsqueda censurado, conocido como Dragonfly, ha provocado tal revuelo. Los planes fueron revelados a través de documentos filtrados a The Intercept, que informó que los prototipos y las negociaciones con el gobierno chino estaban avanzados, sentando las bases para que el servicio potencial se lance a principios de 2019.

A finales de agosto, un grupo de organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión publicó una carta conjunta en la que afirmaban que el lanzamiento de una aplicación de búsqueda en China representaría “una alarmante capitulación de Google en materia de derechos humanos”. Seis senadores estadounidenses, encabezados por Marco Rubio y Mark Warner, enviaron una carta al CEO de Google, Sundar Pichai, exigiendo respuestas a una serie de preguntas sobre las intenciones de la compañía. La semana pasada, PEN America envió una carta detallada a los ejecutivos de Google en la que se señalaban problemas específicos de derechos humanos y temas que, según las reglas de censura chinas, serían tratados de manera represiva y engañosa por cualquier plataforma de información que opere en el país.

Incluso los propios empleados de Google están en pie de guerra: más de 1.400 firmaron una carta a la dirección de la empresa diciendo que el proyecto chino plantea “urgentes problemas morales y éticos” y exigiendo una mayor transparencia antes de que se implementen los planes.

Este dilema plantea una pregunta fundamental: ¿debe Google priorizar la expansión en el mercado chino, a pesar de las restricciones de censura impuestas por el gobierno, o debe mantenerse fiel a sus ideales de libertad de expresión y derechos humanos?

Por un lado, la expansión en China podría significar un enorme crecimiento para Google, tanto en términos de usuarios como de ingresos. El mercado chino es uno de los más grandes del mundo y representa una gran oportunidad para la compañía. Además, algunos argumentan que al estar presente en China, Google podría tener un impacto positivo en la apertura y liberalización del país.

Por otro lado, ceder ante la censura del gobierno chino va en contra de los valores fundamentales de Google. La compañía ha sido conocida por su lema “Don’t be evil” desde el año 2000, y eliminarlo de su código de conducta corporativo ha generado críticas y preocupaciones sobre la dirección que está tomando la empresa.

En última instancia, la decisión de Google tendrá implicaciones no solo para la compañía, sino también para el futuro de la libertad de expresión en internet. ¿Deberíamos permitir que las empresas tecnológicas se sometan a la censura de los gobiernos en aras de la expansión y los beneficios económicos? ¿O debemos exigir que se mantengan fieles a los principios de libertad y derechos humanos?

El dilema de Google es un recordatorio de los desafíos éticos y morales que enfrentan las empresas tecnológicas en la era digital. La forma en que se resuelva este dilema podría tener un impacto duradero en la forma en que se maneja la información y se protegen los derechos humanos en todo el mundo.